Las diligencias, abiertas el pasado 28 de mayo, ya están judicializadas al tramitar el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid una una querella del colectivo Manos Limpias contraRodrigo Rato y contra el gobernador del Banco de España,Miguel Ángel Fernández Ordóñez ante «la posible existencia de una infracción penal» en su gestión.
El Ministerio Público centra su investigación tanto en la constitución del grupo a comienzos de 2011 -fruto de la fusión de Cajamadrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja- como en la salida a bolsa de Bankia el pasado 20 de julio.
De hecho, además de reclamar información a la propia entidad investigada y al Banco de España, Anticorrupción ha requerido diversa documentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores -como el folleto de la operación de salida a bolsa- y a la auditora del grupo Bankia, Deloitte.
La Fiscalía ya ha solicitado al titular del Juzgado número 21 de Madrid que se inhiba de la investigación en favor de la Audiencia Nacional, al considerar que éste es el órgano competente para asumirla.
Apertura de diligencias
La noticia de la apertura de las diligencias de investigación ha sido revelada hoy por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en una entrevista a Efe, en la que ha dicho que se actuó ante «la concreción de determinadas situaciones en el proceso de constitución de Bankia que aparentemente pudieran dar lugar a algún indicio que permitiera investigar los hechos delictivos»
El fiscal general reconoce que «existe una demanda socialpara que las actividades (de las entidades bancarias) sean investigadas», pero añade que «aunque no hubiera una demanda social», el asunto «merece dicha investigación».
La investigación de la Fiscalía es anterior a la presentación de demandas por parte de particulares centradas en las actividades societarias de Bankia, aunque la interposición de esas denuncias ha obligado al Ministerio Público a remitir al Juzgado que las tramita todas las diligencias practicadas hasta ahora, consistentes básicamente en la petición de documentación. «Hemos trasladado esas peticiones al Juzgado para que (...) sepa cuál es la línea de investigación que proponemos nosotros», ha señalado Torres-Dulce.
El fiscal general del Estado no descarta imputaciones
Será el examen de la documentación que realicen los peritos -tanto de la Administración como de Anticorrupción- el que permita determinar «si los hechos son constitutivos de delito y en ese caso seguir adelante, en cuyo caso pasaríamos a pruebas testificales o, en su caso, si procediera, de imputación: citar como imputada a alguna persona». Para ello, insiste, es «imprescindible» la colaboración de las entidades investigadas y la documentación que obra en poder del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además, grupos de pequeños accionistas preparan acciones legales contra los gestores de la entidad y el movimiento del 15-M ha anunciado hoy mismo que ya ha recaudado el dinero necesario para presentar una querella contra Rato, que se interpondrá el próximo día 14.
Valoraciones políticas
El inicio de la investigación por la Fiscalía, según recoge la agencia Colpisa, mereció el aplauso del PSOE, expresado por boca de su portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Jáuregui. El dirigente socialista subrayó que aclarar el caso «es lo que los ciudadanos reclaman». CIU,PNV y ERC se expresaron también en la misma línea, mientras que el secretario del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, se limitó a señalar su «respeto a la acción de la Justicia». El PP, por su parte, se limitó a expresar su «respeto» ante el comienzo de las actuaciones judiciales.
De los grandes bancos españoles, Bankia es el más expuesto al sector inmobiliario: 37.500 millones de euros a finales del 2011, de los cuales 31.800 millones están considerados como problemáticos, por su valor incierto (créditos dudosos con riesgo de no ser pagados, inmuebles embargados, etc.). Tras ser nacionalizada su matriz, Bankia ha pedido una inversión pública que elevaría su rescate hasta los 23.500 millones de euros.
